La nueva factura digital europea puede elevar costes a las empresas.

A partir del año 2018 todas las empresas europeas contarán con un estándar común para facturar electrónicamente a las distintas administraciones públicas dentro de la Unión Europea. Esta medida, que sin duda facilitará las relaciones comerciales entre el sector privado y el público, puede suponer un problema para las administraciones públicas y las empresas españolas, que tendrían que realizar nuevas inversiones para adaptarse a dicho modelo, si el que utilizan actualmente (facturae) se desecha.

En España, desde el 1 de enero de 2015 los proveedores públicos están obligados a facturar a las administraciones por vía electrónica, siempre que los productos o servicios que les suministren superen los 5.000 euros. Esta operación se realiza a través del modelo facturae.


(Fuente el economista)